La venta de Banamex
Crimen perfecto
mario di costanzo
Con este vergonzoso historial de negligencia, corrupción y conflicto de intereses el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández, principal accionista de Banamex, anunció la decisión de vender el grupo financiero Banamex al gigante financiero Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares
Mayo de 2001 ha quedado registrado en la historia financiera del país como el mes en que las propias autoridades mexicanas permitieron la ilegal e inmoral venta de uno de los bancos más grandes de lo que alguna vez fue el sistema bancario nacional.
La venta de Banamex fue la síntesis del costoso fracaso en la estrategia implantada en 1995 por el gobierno federal para rescatar a los bancos. La negligencia, la corrupción, los conflictos de intereses y el costo fiscal generado a los contribuyentes mexicanos, como resultado de las acciones llevadas a cabo principalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Fobaproa —que fue el instrumento que las autoridades utilizaron para salvaguardar los intereses de los accionistas— estuvieron presentes en la multimillonaria operación por medio de la cual el gigante estadunidense Citigroup adquirió al Banco Nacional de México (Banamex).
Para corroborar lo anterior sólo basta recordar que con el lema de proteger el ahorro de los mexicanos y de asegurar que la banca permaneciera bajo el control de accionistas nacionales, el gobierno federal utilizó al Fobaproa para llevar a cabo el rescate bancario, y a diez años de distancia el balance se resume en lo siguiente: una deuda que sobrepasa los 700 mil millones de pesos y casi 90% de los activos bancarios en manos de extranjeros.
La ilegalidad en el rescate de Banamex parte del hecho de que el propio trabajo de investigación ordenado por el Congreso mexicano en 1998 y conocido como Informe Mackey revela que el banco no requería de los apoyos financieros otorgados por el Fobaproa en virtud de que su índice de capitalización (situación financiera) era aceptable de acuerdo con los estándares establecidos por las normas de la época.
El diagnóstico fue confirmado años más tarde por el órgano interno de control del propio Instituto de Protección al Ahorro Bancario (ipab), mejor conocido como “el hijo del Fobaproa”, y por la Auditoría Superior de la Federación, que inclusive manifestó la necesidad de descontar de la deuda que el gobierno tiene con Banamex nueve mil 600 millones que fueron producto de operaciones consideradas ilegales, lo que originó que el Ejecutivo federal interpusiera una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de la Federación, misma que diseñó Luis Mancera Arrigunaga, actual procurador fiscal y primo de quien fuera director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
A pesar de lo anterior, entre 1995 y 1997 el Fobaproa otorgó apoyos a este banco a través de la compra de cartera (créditos) “chatarra” por aproximadamente 50 mil millones de pesos a valor histórico, y que actualmente ascienden a casi 80 mil millones, que es la deuda que el gobierno federal y por lo tanto los contribuyentes tenemos con este banco ahora bajo control de Citigroup.
En este punto surge la pregunta: ¿por qué se otorgaron apoyos gubernamentales si el banco no lo requería?
Una parte de la respuesta se encuentra en el hecho de que los que tomaron la decisión de permitir la entrada a la “fiesta” a Banamex fueron los miembros del Comité Técnico del Fobaproa, entre los que se encontraban Javier Arrigunaga, en ese entonces director de Fobaproa y actualmente director de Operaciones de Banamex; Francisco Gil Díaz, quien años después se desempeñaría como director general de Avantel y actualmente es el secretario de Hacienda; Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien fungía como tesorero de la Federación y en tal carácter con su firma avaló la deuda adquirida por el gobierno, y finalmente Guillermo Ortiz, actualmente gobernador del Banco de México, entre otros como el propio Eduardo Fernández, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria.
Así y con este vergonzoso historial de negligencia, corrupción y conflicto de intereses el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández, principal accionista de Banamex, anunció la decisión de vender el grupo financiero Banamex al gigante financiero Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares (125 mil millones de pesos) en una operación que se llevaría a cabo a través de la Bolsa de Valores y por lo tanto estaría exenta del pago de impuestos.
La operación
Inmoralidad: la inmoralidad de la operación se manifestó en el hecho de que el principal accionista de Banamex dejaría en manos de extranjeros a la más grande institución bancaria de ese momento, a pesar de que uno de los objetivos del rescate bancario había sido “asegurar que la banca quedara en manos de mexicanos”, además del hecho de que desde ese entonces se conocían ampliamente las dudosas prácticas bancarias de Citigroup en el resto del mundo, muchas de ellas relacionadas con el lavado de dinero, y la especulación en el mercado accionario —de hecho Citigroup, a través de su representante para Latinoamérica, Amy Elliott, había asesorado y facilitado los servicios del banco a Raúl Salinas de Gortari para realizar las dudosas operaciones que se detectaron y cuyo destino final fueron cuentas confiscadas por las autoridades suizas por sospechas de origen ilícito.
Más aún, Citigroup ya había sostenido entre 1999 y 2000 un litigio contra el ipab, debido a la intención de este último de prepagar unos pagarés del rescate bancario adquiridos por el gigante financiero como resultado de la adquisición en 1998 de Banca Confía, cuyo ex dueño, Jorge Lankenau, estaba preso por el delito de fraude. La intención de prepagar la deuda por parte del ipab se basaba en el hecho de que la tasa de interés de los pagarés firmados por el Fobaproa era demasiado elevada y convenía más a las finanzas públicas liquidarlos. Al respecto es pertinente mencionar que en ese momento sólo los intereses de los pagarés de Fobaproa le permitían a Citigroup financiar la totalidad de su gasto de operación en México; por ello, el gigante financiero mundial se oponía a que el ipab prepagara los mencionados pagarés.
De esta manera resultaba absurdo por sus antecedentes en México y en el mundo que Citigroup garantizara a las autoridades mexicanas la “solvencia moral” para adquirir el banco más grande del país y adueñarse así, él solo, de la cuarta parte de activos bancarios totales del país.
Ilegalidad: las autoridades financieras de Hacienda, cnbv y Banco de México por ley estaban obligadas a emitir una opinión al respecto. De hecho, para el tratamiento fiscal de la operación se requería la opinión particular de la shcp, que no dudó para establecer la exención fiscal en la venta del banco.
Sin embargo, desde un principio sostuvieron que se “trataba de un asunto entre particulares”, más aún cuando algunos legisladores del prd manifestaron su desaprobación a la operación. De hecho, existió una campaña oficial de “mentiras” por parte de los altos directivos de Banamex y del propio Roberto Hernández para convencer a la opinión pública y a los legisladores de las bondades y ventajas para México de este gran negocio.
Esta campaña estuvo fuertemente apoyada por las relaciones que a favor de la operación instrumentó el ahora ex presidente de la Asociación de Bancos de México (abm), Manuel Medina Mora, quien utilizó todas las influencias que tiene en el ámbito financiero y que fueron apoyadas desde la vertiente política por los nexos familiares con Eduardo Medina Mora, actual director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen).
Antes como ahora, pues, Medina Mora ya sobresalía por aparecer implicado en acontecimientos que siempre tienen una característica fundamental: provocan una y otra vez el recelo de los más diversos sectores sociales.
Medina Mora lleva más de 33 años en Banamex, por lo que, desde la célebre “nacionalización” bancaria lópezportillista, ha visto y participado para que dicha institución pase de manos privadas al gobierno, de regreso al sector privado y luego quedar bajo control de la banca extranjera.
Con él en su cúpula directiva Banamex sobrevivió a la crisis de 1995, resultó el banco más favorecido por el Fobaproa (según la Auditoría Superior de la Federación los beneficios irregulares que obtuvo alcanzaron casi 21 mil 177 millones) y se vendió luego a Citigroup.
No hace mucho, por cierto, se tomó la molestia de “aclarar” que el saldo de la deuda del Fobaproa suma casi 900 mil millones de pesos pero de tal cifra la cartera en poder de Banamex, Bancomer, Banorte y hsbc (antes Bital) representa “menos de 15%”: como quien dice, unos humildes cien mil millones de pesos.
Vale la pena recordar también que llegó a la presidencia de la entonces denominada Asociación Mexicana de Bancos (abm) en abril de 2003 precisamente en medio de un escándalo que puso de nuevo bajo los reflectores al rescate bancario: cuando se debatía el arraigo del ex presidente de la cnbv, Eduardo Fernández, bajo cargos de violación al secreto bancario, abuso de autoridad y delincuencia organizada.
Un asunto en el que no faltó quien afirmara que poderosos grupos financieros accedieron entonces a la designación de Medina Mora para encomendarle la tarea de silenciar el escándalo de aquel momento.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, sin duda fue a todas luces ilegal considerar la operación como un asunto entre particulares. No hay que olvidar que entre 1995 y 1997 el gobierno había rescatado a Banamex con dinero público, luego entonces el banco existía debido a los apoyos otorgados por el gobierno. De hecho, en mayo de 2001 Banamex tenía pagarés de Fobaproa registrados en su “activo contable” por 73 mil millones de pesos (pagarés a cargo del gobierno federal y los contribuyentes), cantidad que representaba 58% del valor total de la venta (125 mil millones de pesos). Esto significaba, en otras palabras, que sin los pagarés del Fobaproa el grupo financiero Banamex no hubiese podido ser vendido en ese precio, o bien, que 58% del valor del banco era “gracias al apoyo gubernamental que se había dado para que el banco no quebrara y estuviera a salvo el dinero de los ahorradores mexicanos”.
Pero supongamos, tan solo por un momento, que contrario a lo que se menciona en diversos documentos oficiales, Banamex efectivamente “sí requería apoyos financieros en 1995 para impedir su quiebra”.
Este escenario es aún más grave, pues la realidad nos muestra que Banamex nunca quebró. Más aún: se vendió mucho tiempo después a un muy buen precio; luego entonces, no se vio en la necesidad de usar los “apoyos preventivos” que el gobierno federal le otorgó a través de las operaciones de compra de “cartera chatarra” para salvaguardar el interés y dinero de sus clientes, por lo anterior tenía la obligación de devolverlos al gobierno federal, puesto que se había visto en la necesidad de utilizarlos. Sin embargo, no sólo no los devolvió sino que además los vendió y los accionistas se quedaron con el dinero, lo que equivale a un gran fraude.
El ganón
En otras palabras, es como si te lastimaras un pie y el gobierno te prestara una “muleta” para caminar, pero nunca la utilizaste dado que el daño en tu pie no fue tan grave y pudiste caminar solo; luego entonces, tu obligación es devolver la “muleta”. No obstante, cuando el gobierno te pide la muleta que te había prestado contestas que ya no la tienes, que la vendiste, pero que además te quedaste con el dinero.
Finalmente es conveniente mencionar que este fraude no fue castigado, pues los que diseñaron la estrategia del rescate bancario en 1995, es decir, los integrantes del Comité Técnico del Fobaproa, son las mismas personas e instituciones que hoy presiden las instituciones que tienen la obligación legal de emitir los juicios correspondientes.
Más aún, Luis Mancera Arrigunaga, el actual procurador fiscal de la Federación, y en tal carácter abogado de la nación en materia fiscal y financiera, es primo hermano de Javier Arrigunaga (ex director del Fobaproa) y actual director de Operaciones de Banamex. De hecho el propio Luis Mancera se desempeñó en alguna época como director jurídico de Avantel, empresa que formó parte del Grupo Banamex.
Por ello resultan obvios los conflictos de interés que impiden e impidieron la censura del rescate y posterior venta del banco, en otras palabras, el caso Banamex-Citigroup se puede calificar como el “crimen perfecto” porque los acusados se convirtieron en los jueces, y los asesinados fueron millones de mexicanos.
Todo este panorama muestra con claridad el tinglado de vínculos directos o relaciones trianguladas entre poderosos grupos empresariales, autoridades financieras y representantes de gigantescos intereses económicos que ha impulsado una serie de transacciones cuyo principal beneficiario resulta, desde cualquier ángulo que se vea el asunto, ni más ni menos que el ahora titular saliente de la abm.
Porque éste ha sabido sobrevivir así a los espinosos vaivenes del sector, escalando con febril ambición peldaño tras peldaño en la jerarquía bancaria y ubicándose hoy —sin dejar la dirección de Banamex— como director general para América Latina y México de Citigroup, uno de los bancos más importantes del mundo.
Y no hay duda: el mismo Manuel Medina Mora es hoy, también, uno de los banqueros más versátiles del sistema financiero internacional.
